El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado días atrás que el presidente Javier Milei firmaría el decreto que declara a la aerolínea sujeta a privatización, amparándose en el artículo noveno de la Ley 23696, también conocida como Ley de Reforma del Estado. La normativa busca que la compañía opere bajo criterios de eficiencia y en un entorno competitivo, alineado con la política de apertura económica que impulsa el Gobierno.

La decisión también responde a la necesidad de mejorar la conectividad aérea, considerada un factor clave para el desarrollo económico del país. El Ejecutivo destacó que el cambio de gestión permitiría una mejor prestación del servicio y reduciría el déficit que actualmente soporta el Estado.

La situación de Aerolíneas ha generado tensiones con los gremios, particularmente en relación a los beneficios de los trabajadores, que incluyen pasajes gratuitos y suplementos salariales en dólares para los pilotos. El Gobierno sostiene que estos privilegios agravan la ya delicada situación financiera de la compañía.

El proceso de privatización, impulsado también por un proyecto del diputado Hernán Lombardi, enfrenta resistencias en el Congreso. No obstante, se espera que la comisión encargada avance con el dictamen la próxima semana. Desde el entorno presidencial advirtieron que si la privatización no se aprueba antes de fin de año, podría entregarse la gestión a los empleados o, en un escenario extremo, disolver la empresa.

En paralelo, la empresa enfrenta un escenario crítico ante la necesidad de nombrar un nuevo Gerente de Operaciones antes del 16 de octubre, fecha límite para cubrir el puesto. La Asamblea de Accionistas también deberá decidir sobre la permanencia del sindicalista Pablo Biró en el Directorio, en medio de un conflicto con los gremios que parece estar en un punto sin retorno.