La disputa por el control de los recursos energéticos en el Atlántico Sur ingresó en una nueva fase de tensión jurídica luego de que la Cancillería argentina ratificara el inicio de un arbitraje internacional para frenar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas por Londres en la Cuenca Malvinas Norte.

El eje del conflicto radica en el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, una operación unilateral respaldada por el gobierno británico que la administración nacional busca someter a los tribunales previstos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Frente a las objeciones de las autoridades británicas, el Palacio San Martín sostuvo que someter el litigio a un panel imparcial es una herramienta pacífica y jurídicamente vinculante para ambos Estados firmantes.

La diplomacia argentina respondió de este modo a las declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, señalando que el mecanismo arbitral no persigue socavar potestades ajenas, sino salvaguardar los derechos soberanos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.

El posicionamiento oficial remarcó la vigencia de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que insta a retomar negociaciones bilaterales y prohíbe modificaciones unilaterales en el territorio en disputa, al tiempo que desestimó la aplicación del principio de autodeterminación invocado por el Reino Unido para convalidar las concesiones energéticas.