Bajo la premisa de modernizar la movilidad urbana y desburocratizar el acceso a servicios críticos, el Concejo Municipal sancionó la Ordenanza N° 6056/26, estableciendo un nuevo marco regulatorio para el transporte de personas con discapacidad. La normativa deroga el esquema vigente desde 2013 para introducir un sistema de libre competencia, habilitaciones digitales y la eliminación definitiva de cupos para prestadores.

En sintonía con el Plan de Movilidad Urbana, la reforma delega la fijación de tarifas al Nomenclador Nacional de Prestaciones, retirando la intervención del Estado municipal en la determinación de precios. Al respecto, el subsecretario de Movilidad, Eugenio Bernabei, ratificó que la medida responde a una instrucción del intendente Leonel Chiarella para "generar una solución que le hace la vida más fácil a la gente" mediante la articulación de áreas administrativas que intervienen en el proceso.

La simplificación del trámite constituye un eje central de la norma, permitiendo que las habilitaciones, ahora con una vigencia de cinco años, se gestionen de manera remota y con respuesta inmediata. Bernabei ponderó este giro hacia la eficiencia estatal al señalar que "lo que antes tardaba meses y dependía de un cupo, ahora es un trámite digital con habilitación en tiempo real y competencia abierta", priorizando la necesidad del usuario sobre la carga burocrática.

En términos técnicos, la legislación segmenta el servicio en dos categorías según el grado de movilidad del pasajero, exigiendo a los vehículos la incorporación de plataformas elevadoras, sistemas de fijación y superficies antideslizantes. Asimismo, el nuevo marco legal ratifica la obligatoriedad de capacitación específica para los conductores, garantizando estándares de seguridad e idoneidad en la prestación del servicio.