La Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo y promovida por el gobierno del presidente Javier Milei, fue sancionada este viernes por el Senado. Con esta iniciativa, el oficialismo busca incentivar la regularización de dólares obtenidos en el mercado informal y redefinir distintos aspectos del sistema tributario.

La norma introduce cambios en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), en la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y en el Código Civil y Comercial de la Nación, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Uno de los ejes centrales es la creación de un “Régimen simplificado de Ganancias”, mediante el cual —según el Gobierno— los contribuyentes que opten por adherir quedarán “blindados para siempre”. Para ingresar a este esquema, se establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos.

Quienes se incorporen al régimen no deberán informar variaciones patrimoniales ni estarán sujetos al control de sus consumos. En ese marco, ARCA liquidará el Impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos facturados, sin considerar eventuales incrementos patrimoniales, y permitirá deducir los consumos declarados.

El texto también detalla que el artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

En materia penal, la ley eleva de manera significativa los montos mínimos para que una conducta sea considerada delito. El umbral de evasión simple pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que la evasión agravada se configurará únicamente cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos, frente a los 15 millones vigentes hasta ahora.

Además, el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias se reduce de cinco a tres años. La normativa establece que ARCA no promoverá acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, aunque este beneficio podrá utilizarse una sola vez por persona.

En los casos en los que la denuncia aún no haya sido presentada, la acción penal quedará extinguida si el contribuyente regulariza la situación abonando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto plantea un esquema con menores controles fiscales, también contempla un incremento en los montos de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término.