El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó un proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género que introduce un sistema escalonado de medidas cautelares y habilita a la Justicia a disponer arrestos conminatorios ante el incumplimiento de órdenes judiciales por parte de los agresores. La iniciativa, elaborada de manera conjunta por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Justicia y Seguridad, y de Gobierno e Innovación Pública, será remitida a la Legislatura provincial para su tratamiento.

La propuesta clasifica el riesgo de las situaciones en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Para determinar esta escala se evaluarán indicadores específicos como amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos de medidas previas y llamados reiterados al 911. En los casos calificados como críticos, el Estado podrá ordenar el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación inmediata de tobilleras electrónicas duales al agresor.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, detalló que las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado formalmente. El funcionario cuestionó el funcionamiento del sistema actual, donde las víctimas deben trasladar documentación por sus propios medios a las comisarías, y afirmó que el proyecto busca reducir las cargas que el proceso proyecta sobre la persona afectada. Asimismo, la norma establece un diseño procesal regido por el principio de actuación de oficio, lo que obliga a cualquier comisaría u organismo a recibir las denuncias y faculta a cualquier tribunal a intervenir ante una urgencia.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, precisó que el proyecto excluye de manera expresa las instancias de mediación y conciliación. Además, la iniciativa incorpora formalmente la percepción de riesgo manifestada por la propia víctima como elemento de evaluación, contempla la creación de un registro digital único e interoperable para unificar la información estatal, y prevé un fondo provincial de asistencia urgente destinado a fortalecer la autonomía económica de las personas protegidas.