El Gobierno nacional dispuso mediante un decreto la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo encargado del diseño, ejecución y mantenimiento de la red de rutas nacionales. Las funciones que cumplía pasarán a la órbita del Ministerio de Economía y de un nuevo ente: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

La medida generó un fuerte rechazo por parte de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, quien responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger por las consecuencias que esta decisión podría tener en la seguridad vial.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, expresó Aleñá.

La dirigente denunció que con esta disposición más de 5500 empleados quedarían sin trabajo, mientras que 118 rutas nacionales y más de 40 mil kilómetros quedarían sin cobertura técnica ni operativa.

Desde su perspectiva, esta decisión tiene un trasfondo ideológico y se enmarca en una política de ajuste del Estado: “La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

Además, Aleñá realizó un llamado a gobernadores y representantes políticos a frenar la medida y cuestionó el rol que se le asignará a fuerzas de seguridad dentro del nuevo esquema: "El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”.

Otro aspecto que encendió la alarma del sindicato es la situación de los bienes públicos, como maquinarias, edificios y equipos, que ahora quedarían bajo la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

“Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, afirmó Aleñá.

La gremialista remarcó que lo que el Gobierno presenta como una reestructuración administrativa es en realidad el desmantelamiento de una capacidad estratégica del Estado, clave para el desarrollo de infraestructura vial y el control de calidad de obras. 

También negó que el organismo haya sido ineficiente: “No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”.

En cuanto a la tercerización, Aleñá sostuvo que la comparación entre gestión pública y privada es engañosa, y que Vialidad cumplía un rol insustituible en la planificación y auditoría de obras. “El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”.

También cuestionó que las decisiones técnicas pasen al Ministerio de Economía, ya que eso alejaría el criterio territorial y técnico en la planificación de obras. “La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”.

Finalmente, advirtió que la pérdida de un organismo como Vialidad Nacional implicaría una pérdida de soberanía sobre las rutas y que el desarrollo vial quedaría sujeto a criterios de rentabilidad y no de conectividad federal.

“Cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público”, concluyó.