El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha iniciado un proceso de cobro tras las amenazas realizadas en establecimientos educativos del centro-norte santafesino. Se han emitido ya 39 notificaciones dirigidas a personas identificadas como autores de dichos actos, con el objetivo de cubrir los costos generados por los operativos policiales, estimados en aproximadamente 200 millones de pesos.

La subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, detalló que estas intimaciones se llevan adelante “por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, a los fines de perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de los operativos llevados a cabo ante las amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”.

Según el informe elevado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se identificó a un total de 73 personas como responsables de las amenazas. De este grupo, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha notificado a 39 individuos, correspondientes a 32 casos en el centro-norte. Diakaki indicó que “aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”.

La funcionaria aclaró que el procedimiento administrativo consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos”. En este sentido, precisó que el ministerio realizará un trabajo independiente del MPA, dado que “es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos”.

Sobre los costos involucrados, Diakaki especificó que “van variando en cada caso concreto. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de 11 millones de pesos”.

La funcionaria subrayó la postura del ejecutivo provincial, resaltando que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas, agregando que “Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.

Finalmente, Diakaki destacó la colaboración interinstitucional, señalando que el trabajo con el MPA fue “muy articulado, de manera conjunta desde el primer día, con la idea de esclarecer los hechos, que es la labor del MPA, y también recuperar el dinero de los santafesinos”. Las identificaciones son producto de las investigaciones conjuntas realizadas con el MPA.