El mercado de trabajo argentino profundizó su deterioro estructural tras la puesta en marcha del nuevo marco regulatorio laboral, reflejando una contracción sostenida en las nóminas formales y un corrimiento hacia la precariedad. Desde la sanción de la Ley 27.802 en marzo de 2026, los puestos registrados cayeron un 0,9%, según registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desestimando la hipótesis de una reactivación inmediata por desregulación contractual.

La tasa de incorporación de personal se ubicó en el 1,8% en agosto tras haber tocado un piso de 1,6% en junio, sin lograr recuperar el nivel del 2% previo a la reforma laboral según la Secretaría de Trabajo. Paralelamente, los datos del INDEC confirmaron que la informalidad trepó al 45% de la población ocupada en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un avance de 1,8 puntos porcentuales en la comparación interanual.

Frente a este escenario, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció su disconformidad con el comportamiento corporativo y atribuyó la parálisis a la falta de iniciativa de las empresas en las negociaciones colectivas. El funcionario cuestionó la permanencia de la ultraactividad en los convenios vigentes y argumentó que existe una tendencia pospandemia donde los propios trabajadores eligen modalidades de mayor flexibilidad.

Las cifras de empleo privado formal acumuladas desde el recambio presidencial exhiben un saldo neto negativo de 241.200 bajas en trece meses de retroceso continuo, de acuerdo con el Monitor del Instituto Argentina Grande. En contrapartida, el universo de trabajadores no registrados absorbió 348.000 personas en el último año, concentradas predominantemente en ocupaciones por cuenta propia.

El debilitamiento del tejido laboral también se tradujo en una desocupación del 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, la medición más alta del ciclo de gobierno actual. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el empleo asalariado formal en empresas privadas retrocedió 4,2% desde fines de 2023, situando los niveles de ocupación en parámetros equiparables a los de mayo de 2014 pese al crecimiento acumulado en la actividad económica general.