Bajo un escenario de incertidumbre operativa por el incumplimiento de compromisos federales, la ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas S.A. en la capital provincial atraviesa una fase de ralentización y cesantías temporales. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ratificó que la administración central adeuda aproximadamente 800 millones de pesos correspondientes a certificados de obra emitidos entre noviembre y febrero.

La parálisis financiera afecta los convenios suscritos en junio de 2024 para las plantas de Santa Fe y Granadero Baigorria, impidiendo que las empresas contratistas afronten sus obligaciones salariales. Enrico ponderó la gravedad de la situación al señalar que “cuando se inicia una obra, la empresa asume costos operativos y seguros que se vuelven imposibles de cubrir si no se perciben los pagos”, lo que torna inviable el sostenimiento de la estructura de trabajo.

Al margen de la crisis en infraestructura hídrica, el funcionario declinó cualquier justificación para la demora y subrayó que la Nación solo mantiene dos obras activas en territorio santafesino. En esta misma línea, el ministro contrastó la gestión federal con la política local, asegurando que en la provincia las empresas cobran en tiempo y forma, una decisión que garantiza el empleo y la continuidad de los proyectos.

Finalmente, el titular de la cartera de obras remarcó que el Gobierno santafesino ha debido asumir responsabilidades de jurisdicción nacional, tales como la reparación de rutas y la reactivación del Monumento a la Bandera. “La Nación no paga los compromisos asumidos; no construye viviendas ni repara rutas”, sentenció Lisandro Enrico al definir el actual estado de la inversión pública federal.