El fallo judicial atribuye los hechos a un contexto de violencia de género, enmarcado en la relación de poder asimétrica entre Fernández y Yáñez, que se habría extendido desde 2016 hasta agosto de 2024. La medida implica que el ex mandatario deberá enfrentar un proceso judicial por delitos que, en conjunto, podrían derivar en una condena de hasta 18 años de prisión.

La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, intentó sin éxito apartar al juez Ercolini del caso, argumentando un presunto temor de parcialidad.

Por su parte, Yáñez prestó declaración por videoconferencia desde Madrid, donde reside junto a su hijo Francisco. La fiscalía sostuvo que la evidencia recolectada acredita distintos tipos de violencia, incluyendo psicológica, física y económica, en base a la Ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer.