En un esfuerzo por mejorar la rentabilidad y la previsibilidad de un sector crucial para la economía argentina, el presidente Javier Milei adelantó esta política durante la inauguración de la Exposición Rural 2024. Las nuevas disposiciones se formalizaron a través del decreto 697/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial.

El decreto establece la eliminación de los derechos de exportación para productos de la categoría vaca, exceptuando animales vivos, y detallados bajo las codificaciones A, B, C, D y E, según el Anexo III de la Resolución N° 32/2018. Durante el año 2023, estos productos generaron más de 60 millones de dólares en retenciones, un monto que ahora regresará a la cadena productiva bovina.

En la misma línea, se eliminan las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el objetivo de incrementar su competitividad y proyección internacional, dado el alto interés global en estos productos.

El decreto también contempla la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, que actualmente oscilan entre el 4,5% y el 9% y se encuentran suspendidos hasta junio de 2025. Esta medida proporcionará una mayor previsibilidad y facilitará el crecimiento de la productividad y las inversiones en la industria láctea.

Adicionalmente, el decreto reduce en un 25% las retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual varía entre el 4,5% y el 9%. Este cambio beneficia a un amplio espectro de productos, incluyendo ovinos, avícolas y bovinos, que tienen un impacto significativo en las economías provinciales debido a su producción a nivel nacional.

En 2023, las retenciones sobre estas proteínas generaron más de 70 millones de dólares, fondos que ahora se reintegrarán al sector productivo, fortaleciendo la transformación en origen.

Estas medidas se enmarcan en un proceso más amplio de desregulación, reducción de aranceles a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites comerciales. El objetivo es aliviar la carga fiscal sobre la producción agropecuaria, un sector que emplea a 1,2 millones de personas y representa el 63% de las exportaciones totales del país.