El Poder Ejecutivo oficializó la Política de Inteligencia Nacional mediante el Decreto 864/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El documento, de 34 páginas, establece por primera vez en más de veinte años los lineamientos que orientarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). La publicación coincide con el anuncio de una nueva conducción para la SIDE.

Según el texto oficial, la medida implica “Inteligencia Nacional, vigilia permanente por la Seguridad Estratégica de la República Argentina” y ordena a la SIDE elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional que detalle las acciones concretas para aplicar estos objetivos.

Un diagnóstico crítico del sistema

El decreto sostiene que el SIN arrastra “un deterioro relevante” de más de tres décadas, lo que “socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República frente a diversos riesgos y amenazas”. Se mencionan los atentados de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, “cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos”, así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que “constituyó un hecho de suma gravedad institucional”.

El documento también señala que las intervenciones sobre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019 implicaron “un notorio retroceso institucional”. Tras su disolución mediante el Decreto 614/24, fue sustituida por la actual SIDE, integrada por cuatro organismos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Los cinco intereses estratégicos

La nueva política fija cinco intereses que guiarán todas las actividades del sistema:

• Soberanía y autonomía nacional.

• Integridad territorial y legitimidad del Estado.

• Protección de la vida, libertad y bienes de la población.

• Vigencia del sistema democrático republicano y federal.

• Preservación de recursos estratégicos.

El texto plantea identificar amenazas a la autonomía institucional, evitar injerencias externas en procesos decisorios y detectar dinámicas de fragmentación territorial, incluidas zonas de frontera, áreas marítimas y espacios vinculados a la proyección antártica.

Diez lineamientos estratégicos

El anexo del decreto desarrolla diez ejes prioritarios.

El primero analiza la disputa de poder en la política exterior, señalando que la competencia entre potencias globales impacta en América Latina. El segundo aborda la influencia externa y las operaciones de desinformación que podrían afectar la cohesión social o procesos electorales.

Un tercer lineamiento revisa el poder integral de la Nación, advirtiendo sobre riesgos como “la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros” y la dependencia tecnológica.

Malvinas, Antártida y recursos naturales

Los ejes 4.a y 4.b se concentran en la proyección antártica y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, incluyendo las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Se destaca la presencia argentina en la Antártida desde 1904 y se advierte sobre “la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales” en el Atlántico Sur, además de mencionar “la ocupación ilegítima del territorio nacional” en referencia a las Malvinas.

El quinto lineamiento se enfoca en los recursos naturales estratégicos, como litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, frente a presiones de actores estatales y corporativos.

Ciberseguridad y tecnologías emergentes

El sexto eje aborda amenazas “dentro y desde el ciberespacio”, considerado un vector de influencia y superficie de ataque. El séptimo se ocupa de las tecnologías de frontera, entre ellas inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos.

Terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia

El octavo punto señala la exposición del país a redes transnacionales vinculadas a Medio Oriente, “particularmente en zonas de frontera y circuitos informales”, recordando “el precedente de atentados con impacto regional”.

El noveno identifica al crimen organizado como “una estructura de poder paralela” que se beneficia de rutas estratégicas, fronteras permeables y circuitos financieros informales, lo que habría permitido consolidar redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales.

Finalmente, el décimo lineamiento se refiere a la contrainteligencia, definida como “herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional”.