Esta decisión apunta a una reformulación de la educación pública superior y se alinea con otros cambios que prepara el Gobierno en el sector. También se proyecta una modificación en los criterios de asignación de fondos a las universidades nacionales, los cuales se calcularán según la proporción de estudiantes y egresados, introduciendo un enfoque que podría influir en la estructura de financiamiento de las instituciones.

Ambas disposiciones están incluidas en el marco normativo del capítulo educativo de la "Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos". Resta aún conocer detalles de la implementación y la adhesión de las diferentes casas de estudios a esta iniciativa.