La presión internacional sobre los precios de los combustibles forzó una recalibración temporal en el sendero de retiro de subsidios a los servicios públicos. Con el objetivo de atenuar el traslado directo a la inflación, la administración nacional extendió durante octubre las bonificaciones extraordinarias y los topes de consumo protegido para el gas natural y la energía eléctrica.

La disposición contiene los ajustes tarifarios promedio en un 1,64% para la electricidad y un 2,24% para el gas natural. En este último servicio, regulado a escala federal, se prorrogó la bonificación general del 50% que estaba programada para caer a cero durante el décimo mes del año.

Bajo el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, el límite de consumo mensual bonificable de electricidad continuará en 200 kWh. Para los hogares alcanzados por la asistencia completa, el descuento total llegará al 75% del valor energético al combinarse con un beneficio extraordinario del 25% en luz y del 24,25% en gas.

El sostenimiento de estas partidas amortigua de forma transitoria el proceso de desregulación en un contexto de fuerte contracción del gasto público. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó una caída del 61,2% en los subsidios energéticos acumulados en los primeros ocho meses de este año respecto a igual tramo de 2023.

Pese a la reducción de las transferencias, la cobertura fiscal sobre la generación y distribución sigue siendo determinante. Datos del Observatorio IIEP (UBA-Conicet) reflejan que los usuarios residenciales abonan en promedio el 63% del costo eléctrico y el 57% del gas natural, mientras los hogares sin asistencia asumen casi la totalidad de la tarifa frente a quienes retienen bonificaciones y costean solo un tercio del valor real.