Bajo el principio de cortesía internacional y el resguardo de las relaciones diplomáticas, el gobierno de los Estados Unidos intervino formalmente en el litigio que enfrenta la República Argentina por la expropiación de YPF. A través de un documento de 29 páginas remitido al tribunal de la jueza Loretta Preska, la administración estadounidense advirtió que el desarrollo de procesos judiciales contra estados extranjeros en foros norteamericanos conlleva "importantes implicancias en materia de política exterior" y podría comprometer la reciprocidad jurídica que el propio gobierno de ese país recibe ante tribunales de otras naciones.

La presentación pondera los esfuerzos técnicos realizados por el país para cumplimentar los requerimientos de discovery, orientados a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales. Según el texto, estas exigencias resultan, en esencia, incompatibles con las consideraciones de reciprocidad que deben primar en litigios donde se encuentran involucrados estados soberanos.

En relación con las pretensiones de los demandantes, la justicia estadounidense desestima la aplicación de sanciones por desacato o medidas pecuniarias contra el Estado argentino. El escrito ratifica que la moción para dictar sanciones de preclusión e inferencias adversas "no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act) y debe ser rechazada", sentando así una postura de equilibrio jurídico en el marco del proceso que se tramita en Nueva York.