El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un nuevo Código Penal orientado a modificar de manera profunda el esquema punitivo vigente, con el objetivo declarado de “terminar con la impunidad”.

El anteproyecto sostiene que la legislación actual constituye “una tomada de pelo a toda la sociedad” y busca poner fin a lo que describe como una “puerta giratoria” que permite que personas condenadas reincidan “una y otra vez”.

La propuesta contempla un endurecimiento de penas, la imprescriptibilidad para delitos considerados especialmente graves y una reducción de los beneficios que hoy pueden disminuir o morigerar condenas.

Endurecimiento de penas y nuevas figuras
El texto plantea elevar los mínimos y máximos en una amplia variedad de delitos, bajo la premisa de que “la pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado”.

En esa línea, el homicidio simple pasaría de 8–25 años a “10 a 30 años”. Para el homicidio agravado, que ya contempla prisión perpetua, se suman nuevas circunstancias, como cuando la víctima sea el Presidente, ministros, personas menores de 16 o mayores de 65, o hechos ocurridos en “un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”.

El aumento de penas también alcanza a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. Sobre este último, la escala subiría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la condena se ubicaría entre “4 a 12 años de prisión”.

En materia de robos, se incorporan figuras específicas para modalidades como los llamados “motochorros”, las “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple se elevaría a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas” y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”.

Delitos que dejarán de prescribir
La reforma también introduce la imprescriptibilidad para un conjunto amplio de delitos. Según el documento, el castigo por hechos graves “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.

Entre los delitos que no prescribirán figuran homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”, afirma el texto.

Prisión efectiva y menos beneficios
El Ejecutivo estima que, con el incremento de mínimos penales, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”.

Se amplía además la lista de delitos que ya no podrán recibir condena condicional, como los robos especialmente agravados y la portación ilegal de armas.

Asimismo, se restringe la liberación anticipada: no podrán acceder quienes hayan sido condenados por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas o delitos dolosos cometidos por funcionarios. También quedarán excluidos los reincidentes. “Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, fundamenta el anteproyecto.

Ejecución de condenas y nuevas disposiciones
La propuesta señala que las sentencias comenzarán a ejecutarse una vez que el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar una resolución de la Corte Suprema.

Además, se establece que las penas perpetuas “no tendrán límite temporal” y que los funcionarios condenados perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.

El proyecto también fortalece la legítima defensa y aumenta la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como el otorgamiento de beneficios penitenciarios. Según el texto, estas modificaciones buscan remarcar “la relevancia de la víctima en el proceso”.