El Gobierno de Santa Fe declaró la Emergencia y/o Desastre Agropecuario en zonas del norte provincial, tras registrar excesos hídricos en abril que superaron los promedios históricos y afectaron aproximadamente 1.300.000 hectáreas de actividad agrícola y ganadera.

La medida, instrumentada mediante decreto, abarca departamentos como Vera, 9 de Julio y General Obligado, además de distritos del departamento de La Capital vinculados al cinturón hortícola. Los principales daños se concentran en cultivos de soja y algodón, mientras que el sector ganadero registra impacto en campos bajos de distritos que concentran unas 430.000 cabezas.

El decreto establece beneficios fiscales inmediatos: los productores con certificado de desastre obtienen la condonación total del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano correspondiente al año 2026. Adicionalmente, se dispuso la prórroga de vencimientos para el Impuesto Inmobiliario (cuotas 3, 4 y 5) en zonas rurales, y para el Impuesto Inmobiliario Urbano (cuotas 2, 3 y 4) en zonas suburbanas.

Para gestionar la situación, los productores deben tramitar el certificado de emergencia a través del Sisagea, con plazo límite hasta el 30 de junio. En este contexto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que "la emergencia no es solo una herramienta administrativa: es una decisión política para acompañar, sostener la producción y cuidar el trabajo en cada territorio”.

Además, la normativa crea el Ropeca Santa Fe, un registro de oferta de campos, alimentos y transporte. Esta herramienta busca relevar recursos productivos y servicios del sector para mejorar la planificación y la capacidad de respuesta ante futuras emergencias, como indicó el secretario Ignacio Mántaras: "Estas medidas buscan dar previsibilidad en un momento muy complejo. El objetivo es que los productores puedan atravesar esta situación sin perder capacidad productiva".