Un inmueble utilizado para la venta de estupefacientes fue derribado este lunes en Venado Tuerto, en el marco de la Ley de Microtráfico, alcanzando así el búnker número 100 inactivado en toda la provincia de Santa Fe. La intervención tuvo lugar en una vivienda ubicada en Pavón 568.

El operativo fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al intendente Leonel Chiarella. La medida surgió a partir de una denuncia conjunta entre el Municipio, el coordinador regional del Ministerio de Seguridad y Justicia, Nahuel Pasquinelli, y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, con información aportada además por vecinos a través del Buzón de la Vida.

“Este es un mensaje muy claro: a los narcos y a los que venden droga los queremos presos y que los barrios estén tranquilos”, apuntó el mandatario.

Chiarella explicó que la aplicación de la Ley de Microtráfico permitió agilizar las investigaciones y avanzar más rápido en estas causas. Recordó que los búnkeres número 98 y 99 fueron desactivados en Capitán Bermúdez y Frontera, respectivamente.

Sobre el caso local, detalló que en la vivienda “se vendía droga, se utilizaba a menores para vender y se llevaba adelante toda esta operatoria ilegal”, y señaló que los responsables, David Reche (34) y Alejandra Patricia Tiseira (48), permanecen detenidos junto a otras seis personas.

Respecto al aporte vecinal, el intendente remarcó que “si la gente aporta información en los Buzones de la Vida es porque confía en que después van a pasar cosas, como allanamientos, detenciones y derribos de búnker”, y destacó que desde el Municipio esos datos se convierten en denuncias formales “con nombre y apellido de quienes venden y distribuyen droga en los distintos sectores de la ciudad”.

Chiarella valoró también la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro, el trabajo del ministro Pablo Cococcioni y la actuación del Ministerio Público de la Acusación, con especial mención al fiscal Iván Raposo. Además, adelantó que existen otros inmuebles en proceso judicial para solicitar su derribo, aunque aclaró que no se difundirán direcciones hasta contar con aval judicial.

La actividad contó con la presencia de funcionarios provinciales, fiscales y autoridades municipales, en el marco de un trabajo coordinado entre distintos niveles del Estado que permitió concretar, en menos de dos años, cien intervenciones en toda la provincia.