Con 56 votos afirmativos, el Senado convirtió en ley la declaración de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad y actualización de las prestaciones para este sector.

La norma recibió el apoyo de legisladores del peronismo, la UCR, bloques provinciales y los senadores del PRO Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez. En cambio, el resto del bloque PRO, La Libertad Avanza (LLA) y algunos espacios provinciales decidieron no participar de la sesión al considerar inválida su convocatoria. En consecuencia, la reunión fue presidida por la senadora Silvia Sapag.

Entre los puntos centrales, la ley establece la recomposición arancelaria de las prestaciones desde el 1 de diciembre de 2023, ajustándolas según la inflación acumulada. Además, incorpora una actualización automática mensual del nomenclador vinculado a las pensiones no contributivas, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Se mantiene el criterio de que el monto de las pensiones por discapacidad equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio. También se garantiza una pensión inembargable para personas mayores de 70 años o con discapacidad certificada por el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que no cuenten con recursos ni cobertura previsional.

La norma habilita además a la Jefatura de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para asegurar el financiamiento de las medidas que protegen tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores de servicios.

Durante el debate, el senador de Convicción Federal, Fernando Salino, destacó: “Tenemos que actualizar el CUD, el trámite es hoy toda una complicación y este proyecto de ley propone una metodología en este sentido”. También remarcó que el nomenclador que regula los pagos a los prestadores “no se actualiza desde diciembre de 2024 y el aumento en ese momento fue del 0,5%”.

Desde el PRO, Luis Juez defendió la medida al afirmar que representa “mínimamente a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento”. Y agregó: “Los hijos con discapacidad son invisibles para la sociedad, que parece observar sin realmente ver. Existe un problema en la atención y el cuidado que reciben, señalando la necesidad de prestarles verdadera atención y apoyo”.

Juez compartió además su experiencia personal: “Hace 25 años que vivo con una persona con discapacidad”, en alusión a su hija Milagros, que tiene parálisis cerebral. Subrayó las dificultades que existen incluso con cobertura médica para acceder a los tratamientos necesarios.

La senadora del PJ, Stefania Cora, también respaldó el proyecto: “En la comisión pudimos construir la certeza de que este expediente es una urgencia y el Estado está en deuda con las personas con discapacidad. Esta ley pone requisitos claros y exige auditorías”, concluyó.