El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, cuestionó con dureza el fallo del juez de Cámara Tomás Orso, quien declaró la prescripción de la acción penal contra Antonio Di Benedetto en la denominada causa “Megaestafa Inmobiliaria 2”. La medida implica el cierre del proceso por 31 hechos de estafa, 23 intentos y 5 falsedades ideológicas, dejando sin respuesta a decenas de familias que esperaban justicia.

“Así como mostramos las caras de los delincuentes que cometen delitos en los barrios, también mostramos con nombre y apellido a los jueces que dictan fallos a favor de los delincuentes. En este caso, el juez Tomás Orso decidió beneficiar a Antonio Di Benedetto, un delincuente de guante blanco”, expresó Chiarella.

El mandatario calificó el fallo como una “locura jurídica” y lo tildó de “injustificado”, al considerar que deja a las víctimas sin posibilidades de reparación. En ese sentido, confió en que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revise la resolución y habilite la posibilidad de recuperar los bienes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación también se rechazó la decisión judicial. El fiscal regional Matías Merlo, quien además se desempeña como interventor en Rosario, anticipó que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte santafesina.

El juez Orso revocó una resolución anterior del juez Mauricio Clavero, que había dado curso a la acusación fiscal y habilitado el juicio oral. Para Orso, los delitos ya estaban prescriptos debido al tiempo transcurrido, interpretación que Merlo consideró contraria a la jurisprudencia vigente en Santa Fe.

Cabe recordar que Antonio Di Benedetto cumple una condena de 12 años en la Unidad Penitenciaria de Piñero por su rol como líder de la organización responsable de la primera megaestafa inmobiliaria, que ocasionó un perjuicio cercano a los 20 millones de dólares. La causa actual buscaba avanzar sobre una segunda etapa del mismo esquema delictivo.

El recurso será formalizado en los próximos días por la fiscal Mayra Vuletic, quien cuenta con un plazo de diez días para presentarlo. La decisión final sobre la validez del fallo recaerá ahora en la Corte Suprema provincial.

“Esperamos que los jueces de la Corte reviertan esta decisión y hagan lo que la sociedad espera: justicia para las víctimas y castigo para quienes estafan a la gente trabajadora”, concluyó Chiarella.