Un hogar de convivencia para adultos mayores, ubicado en Aufranc 134, Venado Tuerto, fue clausurado por orden del Juzgado de Faltas tras detectarse múltiples irregularidades durante una inspección llevada a cabo la semana pasada. La medida fue formalizada este lunes por el juez Stefano Quaglia, quien autorizó a la Dirección de Inspección de la Municipalidad a colocar la faja de clausura.

El procedimiento se dio en el marco de una serie de controles intensificados por la ola de frío que afecta al país. Durante la visita, los inspectores encontraron a una mujer mayor postrada desde hacía tres días, sin diagnóstico médico ni calefacción en la habitación. Ante la situación, se ordenó a la responsable del establecimiento contactar al servicio de emergencias privadas, como lo exige la normativa para este tipo de hogares. Al no lograrlo, se solicitó la intervención del servicio 107, que resolvió trasladar a la paciente a una clínica privada.

El profesional que la atendió remarcó en su informe que “impresionaba el mal estado general en que se encontraba la mujer”. Además, según el testimonio de la dueña del lugar, la paciente estaba atada a la cama debido a que presentaba “problemas psiquiátricos”.

Durante la misma inspección, también se convocó al Imusca tras hallar un perro con presuntos signos de sarna, que fue retirado del sitio. Luego de los análisis correspondientes, se confirmó que el animal estaba infestado con pulgas.

Otro hecho preocupante fue la obstrucción de la salida de emergencia, lo que complicó el traslado en camilla de la residente enferma.

Antecedentes y resolución judicial
La secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, confirmó que el geriátrico ya había sido clausurado previamente por una denuncia de malos tratos, aunque aquella vez no se comprobó la situación. “Cerrada la investigación se le permitió volver a abrir, y durante este año recibieron asesoramiento y recomendaciones para que pudieran continuar prestando el servicio”, explicó. Añadió que la mujer a cargo del lugar —también de edad avanzada— expresó su intención de dejar de brindar el servicio, lo que, sumado a las condiciones halladas, derivó en el pedido de clausura.

Al momento de la intervención, en el inmueble convivían diez adultos mayores, una mujer con discapacidad —que es apoderada legal de la dueña—, y una nieta de la responsable junto a su hija de cinco años.

Según lo dispuesto por el juez, el edificio deberá quedar totalmente desocupado para el 14 de julio. Tras conocerse la resolución, el área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano contactó a las familias de los residentes y todos los adultos mayores fueron reubicados, por lo que el lugar ya no alberga pacientes.