El Ejecutivo nacional ordenó la disolución de tres nuevos fondos fiduciarios al considerar que presentaban deficiencias en la gestión, control y ejecución de recursos públicos. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 463/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Los fondos alcanzados por esta decisión son el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). La medida se ampara en las facultades otorgadas por la Ley Bases, que habilita al Ejecutivo a reformar o disolver fondos fiduciarios públicos.

Según el texto oficial, la Sindicación General de la Nación (SIGEN) detectó “un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados” en los tres fideicomisos, lo que motivó su eliminación. Con esta acción, ya suman 29 fondos liquidados desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En relación con el FFFIR, creado en 1997 para financiar obras de infraestructura, la SIGEN señaló falencias en la aplicación y devolución de préstamos, lo que habría generado pérdidas importantes para el Estado nacional. Además, el informe advirtió que gran parte de los recursos se mantenían en plazos fijos y sufrían pérdida de valor por efecto inflacionario.

El Gobierno también criticó la estructura organizativa del Fondo, compuesta por personal permanente, transitorio, ad honorem y contratado, lo cual contraviene la normativa que impide a los fondos fiduciarios tener personal propio.

Respecto al Fondo Nacional del Manejo del Fuego, se destacó la falta de planificación estratégica, deficiencias en los controles y escasa ejecución de los recursos asignados. De acuerdo con la auditoría, durante 2022 y 2023 se transfirieron $26.000 millones al fideicomiso, pero solo $70 millones fueron destinados a su finalidad específica.

Pese a su eliminación, el Gobierno aclaró que el Sistema Federal de Manejo del Fuego continuará operando como política pública. Para ello, se mantendrá el aporte obligatorio del 3% de las primas de seguros, que será recaudado por el Ministerio de Seguridad, encargado de definir su destino.

En cuanto al FONDEP, establecido en 2014 con el objetivo de promover la inversión en sectores estratégicos, la SIGEN detectó el uso de los fondos en inversiones temporarias, problemas en el recupero de préstamos, y fallas graves en la administración y registro de las operaciones.

El decreto establece que los fiduciarios seguirán teniendo obligaciones vinculadas a la liquidación ordenada de los fondos, incluyendo la producción de información y los actos necesarios para su cierre definitivo.

Desde el Gobierno remarcaron que estas acciones forman parte de un plan para promover “una gestión pública transparente, ágil, eficiente y de calidad, cuidando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo los mecanismos de control fiscal”.