El Gobierno de Santa Fe supervisó este lunes el derribo de un nuevo búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario, en el marco de un operativo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en Magaldi 8729 y representa la número 58 en Rosario y la 97 en toda la provincia, desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El procedimiento forma parte de una estrategia orientada a desarticular puntos de venta de droga al menudeo y a reducir la violencia asociada a estas estructuras delictivas en los barrios.

Durante la supervisión, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, destacó el impacto de la política implementada. “Es una política que está dando resultados concretos en la reducción de la violencia altamente lesiva que se vivía en las calles, en un contexto marcado por la sensación de impunidad”, afirmó.

En esa línea, Santantino recordó que Rosario atravesó “los dos años más violentos de su historia reciente, en 2022 y 2023”, con una tasa de homicidios vinculada tanto a fallas en el control del sistema penitenciario como a la libertad de acción de organizaciones criminales en los barrios. “Esa situación se ha revertido de manera clara a partir del trabajo articulado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Ejecutivo provincial”, remarcó.

Antecedentes

La fiscal Alejandra Raigal aportó detalles sobre la investigación que derivó en el derribo del inmueble. Señaló que el lugar pertenecía a varias personas investigadas, dos de las cuales se encuentran detenidas con prisión preventiva. “La causa se inició a partir de numerosos llamados al 911 y de informes policiales. Tras los allanamientos, se secuestraron estupefacientes y se corroboró la existencia de un punto fijo de venta”, explicó.

Según precisó, el búnker funcionaba como puesto de venta desde marzo de este año y estaba vinculado a distintos episodios de violencia armada, entre ellos un homicidio ocurrido tiempo atrás y otros hechos de gravedad relacionados con el uso de armas de fuego. Las personas detenidas están imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y registran antecedentes por amenazas, tenencia de armas de guerra y, en uno de los casos, por un hecho de robo.

Desde el inicio de la actual gestión provincial, se concretaron 97 inactivaciones de puntos de venta de droga en distintas localidades de Santa Fe. Estas acciones se enmarcan en la aplicación de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023, que transfirió a los fiscales del MPA la competencia para investigar delitos de narcomenudeo, antes bajo órbita de la Justicia Federal.

La normativa permitió acelerar las investigaciones, intervenir de manera más directa en los territorios y avanzar en el desmantelamiento de estructuras criminales de escala barrial, con impacto en los niveles de violencia urbana.