El Gobierno de Santa Fe puso en marcha un programa integral de salud mental destinado al personal policial y penitenciario, con el objetivo de brindar herramientas de prevención y contención frente a problemáticas críticas como el suicidio, la violencia de género y los consumos problemáticos. La iniciativa, que se desarrolla desde comienzos de 2024, es impulsada por los ministerios de Justicia y Seguridad, y de Salud, bajo la coordinación de la Dirección de Bienestar en las Fuerzas de Seguridad.

El plan incluye ciclos de charlas en las unidades regionales de toda la provincia, así como dispositivos de acompañamiento profesional. En ese marco, el ministro Pablo Cococcioni remarcó: “De tener una agenda de trabajo para cuidar a quienes nos cuidan, donde las políticas de bienestar de nuestro personal sean una prioridad. Nosotros venimos realizando desde el Gobierno una inversión muy grande en equipamiento, infraestructura y tecnología. Ahora hay algo que es el centro de una política de seguridad como de cualquier política de gobierno, que es la persona que la va a llevar adelante”.

Cococcioni subrayó que el objetivo es transformar de manera estructural el perfil de las fuerzas: “Entonces estamos trabajando para modificar la matriz demográfica de una fuerza de seguridad; no son cosas que se hacen dando un golpe en la mesa ni a los ponchazos, requieren planificación y requieren una acción sostenida en el tiempo. Queremos claramente dar vuelta a la página y acercarnos a nuestra policía, a nuestro penitenciario, porque no solo son trabajadores del Estado a los cuales tenemos que cuidar, que valorar, que capacitar, sino que además son parte no sólo de una política pública”.

Por su parte, el director de Bienestar, Ignacio Paz, explicó que el ciclo de encuentros lleva por nombre Hablemos de Salud Mental y que aborda diversas problemáticas de forma transversal. “Tratamos consumos problemáticos, salud mental en general, violencia de género, y trabajamos con todo el equipo compuesto por psicólogos y trabajadores sociales”, indicó.

Uno de los pilares del programa es la activación de protocolos de seguimiento psicológico permanente. “Cuando las personas ingresan al protocolo, los riesgos disminuyen. En cambio, si no se activan a tiempo, las situaciones pueden agravarse”, advirtió Paz, y agregó: “Queremos que todos conozcan los recursos disponibles. Por eso las charlas son también espacios de intercambio donde quienes participan pueden expresarse y pedir ayuda”.

Desde el área remarcan la necesidad de atender a quienes están expuestos a altos niveles de estrés y situaciones traumáticas en el ejercicio de sus funciones. Para ello, se han dispuesto espacios de atención confidencial, tanto presenciales como virtuales, con modalidad individual y grupal. Asimismo, existen líneas de intervención específicas ante ideación suicida, violencia de género y consumos problemáticos.

La subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, valoró la coordinación entre ministerios: “Las capacitaciones son clave y la articulación entre áreas es necesaria para abordar esta problemática de forma integral”. Además, alertó sobre el contexto: “Estamos atravesando una etapa compleja. Necesitamos cuidar a quienes nos cuidan todos los días”.

Olguín también enfatizó la importancia de construir redes institucionales sólidas. “La prevención, la asistencia y la posvención (acciones e intervenciones posteriores a un evento) requieren un trabajo coordinado. El armado de red nos permite responder mejor, incluso en los momentos más críticos, como tras un suicidio consumado”, explicó.

Desde Bienestar también se trabaja en facilitar el contacto con prestadores de atención para quienes aún no han podido acceder a una consulta. “Nuestra tarea es también garantizar que cada persona pueda ser escuchada y atendida adecuadamente”, indicaron.

Otro eje clave del plan es la participación activa del Área de Género, que interviene en casos de violencia dentro de la fuerza. Entre sus acciones se encuentra el acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia de género, la intervención ante denuncias de civiles contra policías, y el seguimiento por razones de género en el ámbito laboral.

Esta tarea se articula con instituciones como los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), los Equipos del Sistema de Protección Integral (ESPI), áreas locales de género, el Programa de Atención Psicológica ATE-Iapos, y la Dirección Provincial de Vivienda.